Los jueces incorporaron como prueba las declaraciones de 25 empresarios y exfuncionarios. El juicio oral comenzará el 6 de noviembre.

El Tribunal Oral Federal que llevará adelante el juicio de la Causa Cuadernos resolvió aceptar como prueba las confesiones de 25 imputados que admitieron haber pagado o recibido sobornos en la obra pública. La decisión, firmada en un fallo de 244 páginas por los jueces Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli, impacta directamente en la situación procesal de Cristina Fernández de Kirchner, acusada como jefa de una asociación ilícita.

La medida, cuya validez definitiva se resolverá durante el debate oral, debilita la estrategia de las defensas que buscaban excluir esos testimonios alegando presiones en la etapa de instrucción. Según fuentes judiciales, se trata de un paso clave en la preparación del juicio que comenzará el 6 de noviembre con 74 acusados.

La acusación estará a cargo del fiscal Fabián León, mientras que la querella será ejercida por la Unidad de Información Financiera (UIF), que ya anticipó su oposición a cualquier acuerdo con los empresarios. Estos últimos, por su parte, plantearán la posibilidad de una “reparación integral” estimada en 40 millones de dólares a cambio de evitar el juicio.

Entre los imputados colaboradores figuran nombres de peso en la obra pública y en el empresariado argentino: Carlos Wagner, Aldo Roggio, Juan Chediack, Enrique Pescarmona, Armando Loson, Ángel Calcaterra y Héctor Sánchez Caballero, entre otros. También aparecen exfuncionarios como José López y Claudio Uberti, además del financista Ernesto Clarens y el exchofer Oscar Centeno, autor de los cuadernos que dieron origen al expediente.

El listado incluye a exsecretarios privados de la expresidenta y a empresarios vinculados a Techint, Electroingeniería, Roggio e Impsa. En todos los casos, sus declaraciones fueron incorporadas de manera íntegra al expediente.

La aceptación de estas confesiones marca un giro en el proceso judicial y anticipa un debate de alto voltaje político y judicial en el que Cristina Kirchner se sentará en el banquillo junto a exfuncionarios y contratistas del Estado.