El proyecto enviado por el presidente Javier Milei busca evitar la sanción de leyes sin recursos garantizados y establece severas sanciones para los funcionarios que incumplan la norma.

El gobierno nacional presentó un proyecto denominado “Ley de compromiso de estabilidad fiscal y monetaria”, que acompaña al Presupuesto 2026, y que deberá ser tratado por las comisiones de Finanzas y Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados.

La iniciativa establece que ninguna ley de presupuesto general podrá sancionarse si contempla un déficit financiero, y que cualquier norma que autorice gastos adicionales deberá esperar al ejercicio fiscal siguiente, salvo que se garantice el financiamiento mediante recursos concretos y suficientes.

Uno de los puntos más destacados son las sanciones penales: los funcionarios que violen las normas previstas en la ley podrán recibir entre uno y seis años de prisión, según lo estipulado en el proyecto.

El texto también faculta al Jefe de Gabinete a adoptar medidas de ajuste durante la ejecución presupuestaria para restablecer el equilibrio fiscal en caso de que disminuyan los recursos previstos o aumenten los gastos por encima de lo estimado.

Por último, la iniciativa exige que todas las propuestas legislativas cuenten con un informe de impacto presupuestario a mediano plazo: lo elaborará el Ministerio de Economía para iniciativas del Ejecutivo y la Oficina de Presupuesto del Congreso para proyectos legislativos. Además, establece que cualquier norma dictada en violación de esta ley será declarada nula.