El sistema de salud argentino enfrenta un aumento sostenido en la prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles, como la diabetes, la hipertensión y las afecciones cardiovasculares. Según datos del Ministerio de Salud, estas patologías ya representan más del 70% de las causas de muerte en el país y generan una presión creciente sobre la atención médica y el gasto sanitario.

El último relevamiento de la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo reveló que uno de cada tres adultos presenta hipertensión arterial y uno de cada diez padece diabetes tipo 2. A estos indicadores se suma el sobrepeso, que afecta al 66% de la población adulta. Los especialistas advierten que los hábitos sedentarios, la mala alimentación y el consumo de tabaco y alcohol son los principales determinantes de este cuadro epidemiológico.

Ante esta situación, las autoridades sanitarias impulsan una estrategia integral que prioriza la prevención y la detección temprana. El Plan Nacional de Enfermedades Crónicas, relanzado este año, incluye campañas de control gratuito de glucemia y presión arterial, capacitación para equipos de salud y promoción de entornos saludables en escuelas y lugares de trabajo. El objetivo es reducir en un 10% la mortalidad por causas evitables antes de 2030.

Sin embargo, los expertos subrayan que la eficacia de estas políticas depende de la articulación entre los distintos niveles del sistema: nacional, provincial y municipal. La fragmentación institucional y las desigualdades en infraestructura y recursos humanos dificultan la implementación uniforme de los programas, especialmente en las regiones del norte y el interior profundo, donde los centros de atención primaria tienen menor capacidad operativa.

El impacto económico de las enfermedades crónicas también es significativo. Un informe del Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria (IECS) estimó que el tratamiento y las complicaciones asociadas a la diabetes cuestan al sistema de salud más de USD 1.200 millones por año. La inversión en prevención, según el mismo estudio, podría reducir esos costos en un 30% mediante estrategias de control comunitario y educación alimentaria.

En este contexto, las organizaciones civiles y los colegios profesionales reclaman mayor presupuesto para programas de prevención y campañas sostenidas de promoción de la salud. También insisten en la necesidad de fortalecer la atención primaria y mejorar el acceso a medicamentos esenciales, especialmente para la población sin cobertura formal.

Los especialistas coinciden en que la Argentina atraviesa un punto de inflexión. Si el sistema logra pasar de un modelo reactivo a uno preventivo, basado en el seguimiento continuo y la participación comunitaria, podría revertirse una tendencia que amenaza con saturar los servicios de salud. La clave, señalan, será transformar el discurso sanitario en políticas concretas y sostenidas en el tiempo.