La iniciativa busca restituir el 1 % sobre la facturación de las telecomunicaciones para financiar el deporte de alto rendimiento. Tuvo respaldo de distintos sectores de la izquierda y centroizquierda política y quedó lista para ser votada en el recinto.

La Cámara de Diputados dictaminó este martes el proyecto de ley que restituye la autonomía financiera del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD) y crea un Plan Federal de Desarrollo Deportivo. La propuesta fue impulsada por los diputados Rogelio Iparraguirre y Victoria Tolosa Paz y obtuvo un amplio respaldo de distintas fuerzas políticas.

“Este dictamen es un paso fundamental para recuperar la autarquía del sistema deportivo y devolverle al país la previsibilidad que necesita para planificar y crecer en el alto rendimiento”, señaló Iparraguirre durante el plenario de las comisiones de Deportes, Presupuesto y Comunicaciones.

La iniciativa modifica la Ley 26.573 y restituye el cargo del 1 % sobre la facturación de empresas de telecomunicaciones —eliminado durante la gestión de Mauricio Macri—, que se aplicará sobre telefonía móvil y fija, servicios de internet y televisión por cable. Se estima que esta contribución permitirá recaudar alrededor de 70 millones de dólares anuales.

El proyecto recibió el acompañamiento de Compromiso Federal, Innovación Federal, Democracia Para Siempre, Coherencia, el Frente de Izquierda y parte de la Coalición Cívica. Los fondos estarán destinados a garantizar becas para deportistas, honorarios para entrenadores y técnicos, y fortalecer la infraestructura y formación deportiva.

Además, se creará el Consejo Federal para el Alto Rendimiento Deportivo (COFARD), que distribuirá el 40 % de los recursos en base al índice de coparticipación. Esto permitirá a provincias y municipios acceder a programas para apoyar a atletas en proceso de desarrollo competitivo.

“Con esta ley buscamos ampliar la base de nuestro alto rendimiento con una mirada verdaderamente federal”, afirmó Iparraguirre. El legislador destacó que la medida no tiene costo fiscal y “fortalece la planificación de políticas públicas deportivas en todo el país”.