Las autoridades sanitarias nacional dictaron una norma que prohíbe el uso de equipos de tratamientos estéticos que no estén debidamente habilitados, con el objetivo de cuidar la salud pública y regular un mercado que comenzó a crecer exponencialmente en los últimos años. La medida afecta a centros de estética, peluquerías y clínicas que ofrecen servicios con tecnología avanzada sin cumplir los requisitos legales.

La resolución indica que solo los equipos homologados y verificados por las agencias de salud podrán utilizarse para tratamientos como depilación láser, crioterapia, fotodepilación, radiofrecuencia u otros procedimientos estéticos que requieren control técnico. Quienes no cuenten con la autorización correspondiente deberán retirar los equipos de uso inmediato o enfrentar sanciones que pueden ir desde multas hasta clausuras.

La regulación busca prevenir riesgos reales: órganos estatales recibieron denuncias de personas que sufrieron daños en la piel, quemaduras, reacciones adversas y tratamiento mal aplicados por falta de calibración, supervisión o formación profesional. Para las autoridades, la falta de control ponía en riesgo la salud de quienes recurrían a estos servicios en busca de mejoras estéticas.

Las clínicas y centros de estética tendrán un período de adecuación para regularizar su situación, presentar documentación técnica del equipamiento, constancia de mantenimiento y capacitación del personal. A su vez, la normativa exige que los profesionales que operen estos equipos estén registrados y cuenten con certificación —no bastará con experiencia previa ni promesas comerciales.

Organismos de defensa del consumidor y profesionales de la salud celebraron la medida: aseguran que contribuye a transparentar el mercado, proteger a usuarios vulnerables y elevar los estándares de seguridad. Para muchos, representa un paso esperado en un sector con crecimiento explosivo y escasa regulación previa.

Sin embargo, algunos centros advierten que la prohibición puede afectar su actividad, sobre todo en zonas donde la competencia y los costos ya eran elevados. Piden facilidades para cumplir los nuevos requisitos y evitar cierres que puedan reducir la oferta. Aún así, reconocen la necesidad de establecer normas claras para proteger a los clientes.